Las políticas de la era de Trump se han revertido, pero las barreras para que las mujeres reciban protección en Estados Unidos siguen en pie.
Las víctimas de violencia doméstica aún luchan por obtener asilo
Un madre migrante espera para pedir asilo en Estados Unidos, el 21 de junio de 2018, en Tijuana, México. Con la política de cero tolerancia en el gobierno de Trump, el fiscal general Jeff Sessions dijo que la violencia doméstica y pandillera en el país de origen ya no serían motivos suficientes para garantizar el estatus de refugiado o asilado en la Unión Americana. (Foto de Mario Tama/Getty Images)
Muchas mujeres víctimas de abuso tienen dificultades para obtener asilo en Estados Unidos.
La Ley de Refugiados de 1980 permite a ciertas personas solicitar al gobierno estadounidense el estatus de refugiado, cuando se encuentran en el extranjero, o el de asilado, si están en la frontera o dentro de la Unión Americana, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Los migrantes son elegibles si demuestran lo que se conoce como ‘un miedo bien fundado’, es decir, si pueden comprobar que son perseguidos en su lugar de origen por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.
Marta Victoria Canossa, abogada de inmigración de la firma Ortega, Canossa y Asociados con sede en Los Ángeles, dijo que es importante que quienes escapan de la violencia doméstica en sus países de origen presenten su caso dentro del primer año en que entran a Estados Unidos.
“Es muy difícil para una mujer abusada ir a una embajada estadounidense y solicitar asilo, incluso para quienes ya tienen familiares aquí en Estados Unidos o ya tienen pendiente una solicitud”, dijo. “Esta falta de recursos a nivel de embajada obliga a que las mujeres ingresen [a la Unión Americana] presentando su reclamo en la frontera mexicana. Si no lo hacen apenas cruzan, tienen un año para hacerlo”.
Después de escapar de los abusos y persecución a los que un pandillero activo de La Mara 18 la sometió durante meses en su natal El Salvador, Milagro ganó en agosto su caso de asilo en Estados Unidos. Lo había solicitado por motivos de violencia doméstica.
Ella cruzó la frontera mexicana en 2015, tras escapar de su secuestrador, quien la violaba repetidamente y amenazaba con asesinar a su familia.
“Mi vida peligraba siempre; puse una denuncia [en El Salvador], pero mi caso no fue resuelto y no me ayudaron en nada”, dijo Milagro.
La mujer, quien accedió a compartir su historia sin publicar su apellido, estaba a punto de casarse cuando el pandillero, obsesionado con ella, comenzó a acosarla vía telefónica, diciendo que la tendría “por las buenas o por las malas”.
Entonces, las repetidas violaciones sexuales comenzaron. Estas incluyeron amenazas con armas, quemaduras con una plancha de ropa y golpes en todo el cuerpo. Su violador incluso le fracturó las manos.
“La última vez me golpeó por cuatro horas; me quería matar, me dijo que me iba a cortar en pedacitos y [a] dejar mi cuerpo la mitad donde mi abuelita, y la mitad donde mis tíos”.
Cuando Milagro se escapó, el pandillero siguió buscándola en todos los recovecos de su ciudad, así que ella decidió irse del país.
“Cuando crucé [la frontera], les dije a ellos [oficiales de migración] que mi vida peligraba, que si yo regresaba, me iban a matar; [que] donde yo estuviera él me buscaba … Gracias a Dios y a la abogada lo logré [el asilo], pero fue una larga lucha”.
Casi cinco años después de presentar su caso, en diciembre de 2016, Milagro recibió el estatus y con él, el camino a una residencia legal en el país. Hoy, es madre de una niña y está embarazada de un varón, y aunque está en una relación estable y sana, dice que, “aún existe ese trauma que uno no se puede quitar. Es como una quemada grande y queda cicatriz; aunque uno quiera borrarla, no se puede”.
El gobierno de Estados Unidos publica reportes sobre la situación que las mujeres abusadas enfrentan en los países latinoamericanos para conseguir ayuda de sus gobiernos. Bill Frelick de Human Rights Watch, y otras personas, monitorean los casos en sus cuentas de Twitter.
“The new attorney general will have to review & reissue a bewildering array of agency rules & administrative decisions by outgoing Attorney General William Barr & his predecessor, Jeff Sessions, that have dismantled carefully developed asylum standards… https://t.co/REKIva7CSZ
— Bill Frelick (@BillFrelick) February 19, 2021
Opciones de asilo
Las mujeres que sufren violencia doméstica dentro de Estados Unidos tienen dos opciones — pueden presentar su caso a través de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) vigente desde 1984, o pedir una visa U.
“VAWA está disponible para personas casadas con residentes legales permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos”, dijo Canossa. Bajo esta ley, que también cobija a los hombres, los solicitantes no están obligados a presentar un informe policial; basta con su declaración o la de testigos, y otros documentos de apoyo, como imágenes y mensajes de texto.
“En este momento, la aprobación está demorando de 21 a 28 meses, pero también pueden solicitar permisos de trabajo mientras esperan”, dijo Canossa.
La solicitud bajo VAWA debe hacerse mientras la persona todavía está casada con el abusador, o dentro de los dos años posteriores a su divorcio.
La visa U está disponible para personas que son víctimas de indocumentados o que no estaban casadas con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, requiere un informe policial, lo que “a veces es un desafío cuando la persona está en una jurisdicción donde la policía no quiere cooperar”.
La otra dificultad es que la espera para la visa U supera los 5 años, tiempo en el que la persona no recibe permiso de trabajo.
De Sessions a Garland
En la década de 1990, se adoptaron pautas para que los reclamos de mujeres por violencia doméstica encajaran en la Convención sobre el estatuto de los refugiados.
“Un motivo que a menudo se argumenta en los casos de violencia doméstica es que la mujer podría verse perjudicada debido a sus opiniones políticas o feministas, como por ejemplo no estar sujeta a la dominación masculina”, dijo Blaine Bookey, directora jurídica del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la facultad de derecho Hastings de la Universidad de California.
En otros casos, diferentes formas de violencia de género se han reconocido como persecución. Estos incluyen la ablación genital femenina, la violencia sexual, matrimonios forzosos, asesinatos por honor y violencia doméstica. Sobre este último, hubo mucha resistencia hasta hace pocos años.
“En 2014, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia [de Estados Unidos] emitió una decisión que reconocía explícitamente la violencia doméstica como base para el asilo”, dijo Bookey. “Pero en 2018, el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, emitió una decisión que deshizo ese precedente, utilizando el caso de nuestra cliente, la señorita AB”.
AB es una mujer salvadoreña que soportó 15 años de violencia doméstica brutal. El hermano de su pareja era un oficial de policía y utilizó esa posición para intimidarla, lo que la obligó a exiliarse y a dejar atrás a sus tres hijos pequeños.
Aunque AB fue elegible para asilo, Sessions rechazó esa decisión y trató de socavar esta posibilidad para todas las mujeres que huían de la violencia doméstica y de cualquier forma de daño por parte de un actor no gubernamental.
“En muchos casos la violencia de género es perpetrada por miembros de la familia u otras personas de la comunidad”, dijo Bookey. “Entonces, esta decisión AB de 2018 fue increíblemente perjudicial. Las tasas de subvenciones para los solicitantes de asilo de América Central, en particular de México, disminuyeron significativamente”.
Después de una larga campaña de grupos defensores de la mujer, en junio el fiscal general Merrick Garland revocó la decisión de la administración Trump de cerrar la puerta a quienes solicitan asilo por motivos de violencia doméstica.
“Fue una victoria increíblemente importante. Casos en los que se le había negado el asilo a una mujer y habían ido al tribunal de apelaciones tienen una nueva consideración ante el Departamento de Justicia”.
Pero los obstáculos siguen. Hay jueces que niegan más del 90 por ciento de los casos de violencia doméstica. Y la falta de acceso a un abogado para quienes se encuentran en esta situación deja a muchos sin la posibilidad de sustentar su caso.
“Necesitamos leyes de acción que sean más claras para expandir el significado de un grupo social en particular”, dijo Canossa. “Ha sido un proceso lento, y necesitamos más apoyo de las cortes y de los grupos feministas”.
Víctimas inmigrantes de violencia doméstica aún luchan por obtener asilo se publica en asociación con Ethnic Media Services.
Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos
