Tras visita reciente de Kamala Harris, observatorios de derechos humanos temen que EU pase por alto factor clave de la migración.
En Guatemala, ataques y criminalización de defensores de derechos humanos impulsan migración a EU
Una familia guatemalteca espera con otros migrantes para abordar un autobús de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que irá hacia un centro de procesamiento, después de cruzar la frontera de México en La Joya, Texas, el 13 abril. Una oleada de inmigrantes, que incluye un número récord de niños, realiza el arduo viaje desde Centroamérica a Estados Unidos, desafiando a las autoridades migratorias. (John Moore/Getty Images).
Los ataques contra activistas de derechos humanos en Guatemala llegan a su punto más alto en 20 años, con una marea sangrienta de 15 asesinatos y más de mil agresiones solamente en 2020, según el grupo de vigilancia Unidad para la Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua).
El grupo también informó sobre más de 300 casos de “criminalización”, cargos legales espurios presentados contra activistas por las autoridades gubernamentales. Varios grupos guatemaltecos de derechos humanos consideran que esta represión es un motor clave de la migración, hecho que Estados Unidos aún no ha denunciado con suficiente firmeza.
La mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países del triángulo norte de Centroamérica, con predominio de guatemaltecos. Dichos migrantes están huyendo de la pobreza, el hambre y la violencia potenciada por la corrupción generalizada.
Ahora, observatorios de derechos humanos dicen que muchas de las personas y organizaciones que intentan mejorar estas condiciones se encuentran bajo grave amenaza.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala D. Harris, visitó Guatemala a principios de junio, para encabezar los esfuerzos para abordar las principales causas de la migración proveniente de Centroamérica. Estados Unidos anunció que creará un nuevo equipo de trabajo anticorrupción para capacitar a investigadores guatemaltecos, y continuará con la elaboración de un paquete de ayuda regional planificado de 4 mil millones de dólares.
Harris dijo que tuvo pláticas “muy francas” con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien ha sido acusado de ser cómplice de la corrupción. En una carta abierta a Harris, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala dijo que Giammattei ha presidido un “clima de persecución contra los disidentes — defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y políticos, periodistas y comunicadores sociales, además de jueces y fiscales independientes” — lo cual ha agravado la corrupción.
“Guatemala está sufriendo una regresión acelerada en el campo de los derechos humanos”, dice la carta, y si esto no se aborda, “es imposible esperar progresos reales en la lucha contra la corrupción y remover las raíces que causan las migraciones irregulares”.
Estados Unidos debe centrarse en derechos humanos
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos del país firmante de la carta a Kamala Harris, dijo que la visita fue “muy importante, pero aún más importante es lo que sucederá después”.
Dijo que existe una relación directa entre migración y represión. Para mitigar la migración, “[los funcionarios de Estados Unidos] deben priorizar el tema de los derechos humanos”.
Rodas dijo que, durante su período de cinco años como procurador, ha recibido numerosas amenazas de muerte.
“Me he acostumbrado a vivir con ello…no puedes dejar que te paralice”.
También dijo que ha sido acosado por las autoridades en repetidas ocasiones y que el Ministerio Público ha intentado abrir 16 antejuicios en contra suya por cargos espurios, 15 de los cuales ya han sido rechazados por las cortes. Debido a los recortes presupuestales aprobados por el Congreso de Guatemala, su equipo de trabajo ha sido recortado de 11 asesores a cuatro en los últimos dos años.
Udefegua hizo eco de la advertencia de Rodas en su carta abierta a Harris: “Si las personas que promueven la igualdad, la democracia y la paz son castigadas por su labor — con violencia, hostigamiento, encarcelamiento y hasta asesinato — , la migración irregular no va a detenerse”.
Claudia Samayoa, presidenta de Udefegua, formó parte de un grupo de líderes de la sociedad civil que se reunió con Harris en junio. Samayoa dijo a Zenger que la visita fue “muy positiva” y que, aunque no se ha materializado, espera “un discurso [de Estados Unidos] centrado en los derechos humanos para combatir este retroceso”.
Jorge Santos, director ejecutivo de Udefegua, dijo que sin un nuevo enfoque en los derechos humanos, “sin duda la migración no se detendrá”.
“Tratar de construir soluciones como están las cosas ahora es como construir sobre arena”, dijo.
Como Rodas, Samaoya y Santos enfrentan amenazas de muerte constantemente. En 2018, un asaltante encapuchado golpeó a Santos en la cabeza con un bate de madera antes de huir.
“Tenemos que dejar claro que estamos enfrentando un proceso muy agresivo de captura del Estado por parte de organizaciones criminales”, dijo.
Redes de corrupción
Otros líderes de la sociedad civil hicieron eco de esta opinión.
Nery Rodenas, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), organización afiliada a la Iglesia Católica, dijo a Zenger que este proceso de “captura del Estado” por redes de corrupción ha llegado a los más altos tribunales del país.
“La Corte de Constitucionalidad ha sido completamente cooptada”, dijo.
En abril, el Congreso rechazó la candidatura de Gloria Porras, una jurista con grandes credenciales anticorrupción que contaba con el apoyo público de Estados Unidos, y aprobó a jueces de los que se cree que podrían tener vínculos con Gustavo Alejos Cámbara, un financiador político sancionado y ligado a actos de corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente por controlar mediante sobornos las nominaciones a los tribunales superiores.
La Corte de Constitucionalidad ha dictado una serie de decretos recientes que desmantelaron casos de lucha contra la corrupción y ratificaron una nueva ley que permite al gobierno investigar y disolver cualquier ONG que considere una amenaza para el orden público.
Samoaya dijo que de la ley ONG: “No pasará mucho tiempo para ver que este es el primer paso en el camino hacia Nicaragua”, donde el presidente, Daniel Ortega, ha criminalizado o encarcelado a prácticamente todos los disidentes políticos importantes.
Rodenas, de la oficina del Arzobispado, coincidió: “La situación es muy seria porque se están cerrando espacios democráticos… No estamos viviendo en una democracia”. Rodenas dijo que ha sido víctima de amenazas de muerte, así como de hostigamiento por parte del Ministerio Público.
El predicamento de los pueblos indígenas
Pero, dijo Rodenas, otros se han enfrentado cosas más graves, especialmente en las zonas rurales, donde predomina la población indígena de Guatemala y donde la violencia y la criminalización contra los defensores de derechos es especialmente intensa.
En muchas áreas rurales, el fracaso del Estado para garantizar los derechos y los servicios básicos impulsa la migración, según Wendy Geraldina López, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.
“No hay educación, no hay atención médica, no tienes servicios básicos, ¿qué haces para tratar de buscar una vida mejor? Intentas ir a Estados Unidos”.
Esto no cambiará, dijo, mientras las personas que intentan defender los derechos básicos sean criminalizadas o atacadas. Dijo que en una sola comunidad pequeña, ella representa a ocho campesinos mayas que tenían serios cargos legales en su contra, debido a que solicitaron mejores condiciones de trabajo en una plantación de palma africana.
López calificó la visita de Harris como “muy buena, muy productiva”, y dijo que aprecia el compromiso de Estados Unidos para luchar contra la corrupción. “Pero no se habló de defensores de los derechos humanos… Si quieres hablar sobre [detener] la migración, tienes que hablar de eso”.
Ella también está decepcionada de que Estados Unidos no parezca presionar a Guatemala respecto a los presos políticos criminalizados por su activismo.
López dijo que trabaja en docenas de casos como el de un profesor maya, Bernardo Caal, un “preso de conciencia” de Amnistía Internacional. Caal fue encarcelado después de organizar votaciones en comunidades mayas que rechazaron varios proyectos de construcción de presas hidroeléctricas.
En marzo, asaltantes saquearon las oficinas centrales del Bufete para Pueblos Indígenas, donde trabaja Wendy López. Ella dijo que se llevaron computadoras, unidades USB, computadoras portátiles y cámaras de seguridad, mientras que otros dispositivos electrónicos valiosos que no almacenaban información permanecieron intactos.
López dijo que su oficina legal fue atacada debido a su trabajo.
“Obviamente estaban buscando información e intimidarnos”, dijo López.
El Ministerio Público está investigando el incidente como un robo normal. López duda que se encuentre a los culpables.
“Los riesgos de este trabajo, los asumo. Sé que estamos en peligro”, dijo.
El Ministerio Público y la Secretaría General de la Presidencia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
(Traducido por Yerem Mújica; editado por Melanie Slone)
