Letreros de campaña cerca de una casilla electoral en Atlanta, Georgia, el 5 de enero. Los candidatos demócratas al Senado, el reverendo Raphael G. Warnock y Jon J. Ossoff, vencieron a los senadores republicanos, David A. Perdue y Kelly L. Loeffler, en la segunda vuelta electoral, solo unas semanas después de la victoria del presidente Joseph R. Biden Jr. en el estado sureño. (Megan Varner/Getty Images)
Demócratas y republicanos en todo Estados Unidos se preparan para pelear en las cortes los cambios en las leyes electorales a nivel estatal.
A raíz de que el expresidente republicano Donald J. Trump alegara que su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 fue el resultado de un fraude electoral, varios estados gobernados por republicanos — con Georgia, Florida y Texas a la cabeza — han introducido nuevas legislaciones que, según ellos, son necesarias para restaurar la confianza en el proceso electoral.
Entre los cambios se encuentran nuevas regulaciones sobre la ubicación y el uso de las urnas, votación anticipada, envío de boletas por correo e identificación de votantes. A decir de los legisladores republicanos, estas políticas eran demasiado flexibles, y los demócratas las explotaban en su beneficio electoral.
Los demócratas, sin embargo, dicen que los cambios introducidos por las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano tienen como objetivo excluir a los pobres, los grupos minoritarios y otros probables votantes demócratas.
También aseguran que las afirmaciones de Trump en cuanto a que la “elección fue robada” — lo cual no ha sido confirmado en la corte — motivaron los cambios.
La magnitud del abismo que divide a las partes indica que quizá muchos de los cambios se decidan en batallas legales, dijo a Zenger News Sharon Wright Austin, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Florida.
“Los tribunales, posiblemente incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, eventualmente determinarán la constitucionalidad de esta ley y otras similares”, dijo Wright Austin, al referirse a una propuesta de ley firmada el 6 de mayo por Ron DeSantis, el gobernador republicano de su estado, en vivo en Fox News.
La propuesta de ley, conocida como SB 90, restringe el uso de urnas electorales para la votación anticipada, requiere una supervisión constante de estas, limita quién puede manejar las boletas enviadas por correo y requiere el registro anual para que las personas sean elegibles para votar por correo.
Los críticos dicen que los cambios abanderados por el Partido Republicano, como otros ajustes notorios aprobados en Georgia y que actualmente se discuten en la legislatura de Texas, no son de buena fe.
“Obviamente tienen una motivación política, porque todo proviene de un partido”, dijo Patricia Brigham, presidenta de la League of Women Voters de Florida, una de las múltiples organizaciones que se han unido a la demanda federal presentada contra la SB 90.
Brigham señaló que Trump venció al actual presidente demócrata, Joseph R. Biden Jr., en las elecciones del año pasado en Florida, por un margen de 51.2 a 47.9 por ciento, según las leyes existentes, con resultados declarados anticipadamente y sin ningún reclamo de irregularidades.
Eso, dijo, hace que el proyecto de ley sea “completamente innecesario”.
“DeSantis dice que las elecciones de 2020 fueron las menos peligrosas y las más seguras hasta la fecha. ¿Por qué cambiar algo que funciona? No tiene sentido”, dijo. “Es un intento de privar de sus derechos a los votantes de minorías, discapacitados y ancianos, que dependen de la votación anticipada y del voto por correo”.
Este es un sentimiento compartido por los demás demandantes en el litigio, que señala como acusados a la secretaria de Estado de Florida, Laurel M. Lee, y a los 67 supervisores electorales del condado.
“La SB 90 es un proyecto de ley que pretende resolver problemas que no existen, atiende a una mentira peligrosa sobre las elecciones de 2020, que amenaza nuestros valores democráticos más básicos y hace que sea más difícil votar sin una justificación adecuada para hacerlo”, se lee en un documento judicial contra la propuesta firmado por el grupo Black Voters Matter.
Jamil Davis, vocero del grupo, dijo que estaba claro que las nuevas regulaciones electorales “afectarían de manera desproporcionada a los votantes negros y morenos” y que estaban siendo impulsadas por los temores republicanos sobre el “récord de participación electoral en las últimas elecciones”.
“Estos proyectos de ley solo existen porque [la ‘gran mentira’ sobre las elecciones presidenciales de 2020] continúa siendo perpetuada por el expresidente y sus partidarios después de que los resultados de las elecciones no fueron los que querían”, dijo Davis. “Claramente, estas medidas solo restringen a los grupos marginados que hicieron oír su voz en esta elección”.
El Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ha presentado otra demanda en Florida contra Lee. Esta también alega discriminación racial.
Al igual que Davis, muchos opositores, enfocados en los cambios que introdujeron los republicanos a raíz de la derrota de Trump el año pasado, argumentan que recuerdan las llamadas leyes Jim Crow que defendían la segregación racial y que estuvieron vigentes después de la Guerra Civil. Estas impedían que los negros votaran en los estados de la antigua Confederación al exigir requisitos enredados para registrarse y votar.
Biden y otros demócratas prominentes son responsables de esta comparación, lo mismo que algunas grandes corporaciones en Georgia, que fueron reprimidas por el Partido Republicano por pronunciarse en contra de las leyes electorales del gobernador Brian Kemp este año.
“Al igual que en el Sur de Jim Crow, donde los demócratas utilizaban técnicas de exclusión de voto para mantener el control, los republicanos de hoy han recurrido a estas tácticas para preservar las mayorías”, dijo Peter Pihos, catedrático de historia afroamericana en la Western Washington University.
Pihos dijo que los cambios de los republicanos en la ley electoral forman parte de una larga tradición de los estados del Sur, según la cual detrás de procesos aparentemente legítimos se oculta una agenda legislativa motivada por prejuicios raciales.
“De hecho, muchas de las técnicas de exclusión del voto en esa época operaron de manera similar a estas: afectaban a los afroamericanos de forma indirecta y se valían de procesos institucionales para hacer efectivas esas exclusiones”.
Ni el secretario de estado de Florida ni la oficina del gobernador respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las demandas contra su proyecto de ley, pero ambos han defendido las leyes enérgicamente.
Los miembros del gobierno de DeSantis, al igual que los de otros estados republicanos, han rechazado la noción de que los cambios en la ley electoral son innecesarios o tienen como objetivo bloquear a los votantes de color. En cambio, dicen, los cambios legales son necesarios para garantizar que estados como Florida se mantengan a la vanguardia en la lucha contra el fraude electoral.
“Todos perdemos cuando la gente no confía en la integridad de una elección. Esto es lo que queremos evitar. No queremos retroceder”, dijo DeSantis en un comunicado de prensa que anunciaba la introducción de SB 90. “Florida fue un modelo para la nación en noviembre, y eso es algo de lo que podemos enorgullecernos”.
Florida no es el único estado que sigue el ejemplo de Georgia en la aprobación de estos controvertidos cambios en las leyes electorales: entre el 1 de enero y el 24 de marzo, legisladores de 47 estados presentaron un total de 361 proyectos de ley con “disposiciones restrictivas” sobre la votación, según cifras del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.
Tan solo en Arizona, donde el 80 por ciento de los votantes envió su boleta por correo el año pasado, los legisladores han presentado 23 proyectos de ley de este tipo durante 2021, incluyendo límites en el registro de boletas por correo.
“Los demócratas lo llaman supresión electoral, nosotros lo llamamos seguridad”, dijo el representante estatal de Arizona John Kavanagh, quien preside el comité electoral de la Cámara estatal. “Hay un balance entre maximizar la participación de electores y mantener la seguridad. Si no se verifica nada, mucha gente votaría, pero también habría mucho fraude”.
Kavanagh dijo que la participación no debería ser el único objetivo de un sistema electoral. Si a la gente le preocupa la legitimidad de los resultados de las elecciones, explicó, los legisladores deberían abordar ese tema, tengan sentido las quejas o no.
“Recibimos llamadas de personas de todo el estado. Esta última elección fue solo el catalizador”, dijo. “Hay muchas teorías de la conspiración, pero a menudo los temores revelan una deficiencia legítima”.
(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)
(Editado por Gabriela Alejandra Olmos y Melanie Slone)
